La Generalitat impondrá multas de hasta 6.000 euros a los taxis ilegales

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La llegada a Barcelona de la aplicación de móvil Uber, que permite contratar un servicio de transporte a particulares, ha irritado a los taxistas. En los últimos meses, estos han promovido huelgas y manifestaciones e incluso algún grupo llegó a quemar vehículos empleados para llevar a pasajeros que contactan a través de Uber. La Generalitat se suma ahora a la batalla y modificará la Ley 19/2003, que regula el sector del taxi, en especial los artículos que se refieren al régimen sancionador.

Cuando entre en vigor la norma, previsiblemente a comienzos de 2015, se considerarán “infracciones muy graves” la “oferta de servicios de transporte sin disponer de la licencia o autorización preceptiva”, la “actividad de mediación en la contratación” de estos careciendo de la “comunicación pertinente” o el “título habilitante” y la “contratación de portador o la facturación de servicios de transporte” realizada de forma irregular.Las empresas que ofrezcan viviendas turísticas ilegales serán multadas

El anteproyecto, además, eleva hasta 6.000 euros —ahora son 2.500— las multas para las infracciones consideradas muy graves, que además irán acompañadas de la inmovilización del vehículo y la retirada de su documentación. El conductor o empresa sancionada, además, deberán asumir el coste que acarree la adopción de estas medidas.

La ley de Acompañamiento de los Presupuestos también modifica los “sujetos infractores” que contempla la ley del Taxi. A partir de ahora se podrá sancionar al conductor del vehículo y a quienes comercialicen o medien en estos servicios sin la licencia necesaria. La ley define al mediador como la persona —física o jurídica— que “interviene en la contratación y comercialización de servicios de taxi” y que “mediante un precio o retribución” ofrece estos servicios a “posibles usuarios” con independencia de los canales de comercialización usados.

La norma también incluye modificaciones en la ley de Turismo. Tras las sanciones impuestas a la plataforma Airbnb el pasado verano por comercializar oferta que no estaba inscrita en el Registro de Turismode Cataluña y que, además, carecía de las condiciones para poder constar en él, la Generalitat incluye en el anteproyecto como infracción “muy grave” la comercialización de “actividades o servicios turísticos que no dispongan de los requisitos o de las condiciones legalmente establecidas para obtener la habilitación correspondiente”.La Generalitat crea siete nuevas tasas y modifica otras 35 para el año que viene

Para este tipo de sanciones, las multas se mantienen en hasta los 600.000 euros, pero la Generalitat elevará la cuantía de las sanciones impuestas en caso de incumplimiento. Estas hasta ahora podían ser de hasta 1.500 euros. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, ascenderán a 10.000 euros.

La ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas crea siete nuevas tasas, que en conjunto permitirán aumentar la recaudación en 493.905 euros. Se trata de gravámenes sobre trámites administrativos del sector ganadera y el farmacéutico, que van desde la evaluación de proyectos de experimentación animal hasta el control y la inspección de medicamentos de uso humano. Además, se modificarán 35 tasas ya existentes, entre las que destaca la inmovilización de vehículos, que se justifica por el elevado coste del cepo. La recaudación prevista por esta tasa es de 703.456 euros.

El Gobierno catalán también modificará el canon sobre la disposición del rechazo de los residuos municipales destinados a depósito e incineración con el objetivo de incentivar el reciclaje, lo cual aportará unos 5,6 millones de euros. También se realizarán cambios en el canon del agua, de modo que se aplicará un recargo del 20% cuando se realicen captaciones en zonas con poca agua y se penalizará a las actividades industriales cuyos vertidos o consumos tengan un “impacto más elevado en el medio”. La medida supondrá unos ingresos extra de 3,1 millones de euros.

La ley también modifica la tasa turística para ampliar la exención de su pago a todos los menores de edad —hasta ahora solo se aplicaba hasta los 16 años—. La medida supone que la Administración recaudará 431.817 euros menos, pero trata de fomentar el turismo familiar. Por último, la norma también permitirá que el Departamento de Economía pueda crear deuda durante el mes de enero y a aceptar herencias testadas
fuente:El Pais